La última reforma laboral ha supuesto la universalización del contrato indefinido “barato” y la transferencia de dinero de las arcas públicas a manos empresariales a través de subvenciones y bonificaciones. Los contratos de trabajo decrecen en derechos gracias a la subcontratación, la indefinición de la obra, la vinculación laboral a los contratos mercantiles, las Uniones Temporales de Empresas o los falsos autónomos, imponiéndose la dramática moda de los Expedientes de Regulación de Empleo como forma “tranquila” de despido colectivo, y muchas veces paso previo a la deslocalización y al cierre de empresas que están asolando la vida de miles de familias y que con el implacable proceso de privatizaciones son aspectos fundamentales del proceso de precarización de la sociedad.
La mitad de las personas asalariadas trabajamos en contratas y subcontratas, obligándonos a aceptar trabajos de menos horas para acabar trabajando en dos sitios, a retrasar la salida del domicilio familiar o, cuando lo conseguimos, a compartir la vivienda, a someternos a unas rotaciones laborales salvajes, trabajando por temporadas o aceptando empleos basura.
Esto conduce a que las personas renuncien a cuidar y ser cuidadas, entregando a la iniciativa privada y al mercado lo que es un deber y un derecho de todos y todas. La Ley de Dependencia es un mero fuego de artificio. El 65 % de las personas autónomas son mujeres, lo que implica la incapacidad del estado en lograr la equiparación de los sexos y la mentira que supone la Ley de Igualdad, que imposibilita la plena incorporación de la mujer al empleo. Y como guinda, tenemos la reforma de la Seguridad Social, con la que aumentan los años que debemos trabajar para acceder a una pensión de jubilación y endurecen las condiciones para las pensiones de incapacidad y de viudedad, perjudicando a todos los trabajadores, pero especialmente a los colectivos sociales más desfavorecidos.
La futura aplicación de la Directiva Bolkestein extenderá la iniciativa privada en la gestión de los servicios sociales, un paso más en la conversión de nuestros derechos en cotización bursátil. Aumentan de nuevo los accidentes laborales graves y muy graves, aquellos que generan una incapacidad de por vida en quien los sufre, y seguimos en más de cuatro muertos al día sólo por ir a trabajar. A costa de la vida de los trabajadores, los beneficios empresariales se multiplican cada año en todos los sectores.
Se impone y generaliza un trato humillante y discriminatorio a las personas inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país y que generan bienes y riquezas, pero que el estado español y la Europa fortaleza obligan a morir en vallas, cayucos, pateras, o las abandona a su suerte.
Vivimos en una sociedad alienada por los medios de comunicación y por una educación irracional basada en valores retrógrados, que no hacen sino generar escenas diarias de brutalidad, ya sea en cercanas guerras, en mujeres asesinadas por la violencia machista, en la extensión de la agresividad cotidiana o en la corrupción generalizada. Esta degradación social promueve un fascismo rampante ante el que el estado no hace otra cosa que fomentar las desigualdades y la ignorancia, promoviendo con ello un nacionalismo anacrónico. Mientras la represión sindical, policial o judicial de cualquier movimiento social crítico es su única respuesta.
Debemos, más que nunca, luchar por los derechos sociales, supuestamente consolidados, para avanzar hacia una mayor dignidad social, calidad de vida y ampliación de libertades para todos y todas; siendo la movilización social y la movilización laboral los únicos vehículos capaces de frenar y resistir ante aquellos que anteponen los beneficios, el poder y la violencia a la vida, los derechos y las personas.
¡Organízate y Lucha!
